Andalucía defiende una evaluación continua, global y orientadora frente a la «reválida segregadora» del Ministerio

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha informado en el Parlamento de que en Andalucía la evaluación final de 6º de Primaria se hará de forma individualizada y por los propios centros docentes frente a la «reválida segregadora» que propone el Ministerio. Con este modelo de evaluación, la consejera ha aclarado que se actúa conforme a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y, por lo tanto, Andalucía no será insumisa, además de paliar los «efectos perniciosos» de esta norma.

De la Calle ha explicado que serán los maestros que integran el equipo docente de cada uno de los grupos de 6º de Primaria los que valoren en el alumnado el grado de adquisición de las competencias de Comunicación Lingüística, Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología, y no a partir de una prueba única y puntual aplicada y corregida por otros. Andalucía, ha destacado la consejera, ha optado por un modelo de evaluación final individualizada que deposita la confianza en los propios centros y en su profesorado, así como respetuosa con la normativa. Además, se contará con una comisión de zona externa a los centros para asegurar la objetividad y la supervisión del proceso.

El resultado de esta evaluación llegará a las familias a través del documento denominado ‘Informe final de etapa’, cuyo contenido se cumplimenta en el Sistema Información Séneca, sin que ello signifique ninguna burocracia adicional al trabajo de los docentes. En este sentido, la labor del profesorado consistirá en plasmar el resultado de la evaluación utilizando la escala que la norma establece (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente), «que la Consejería acepta aunque no nos guste», ha aclarado.


Argumentos pedagógicos y organizativos

Asimismo, la titular de Educación ha esgrimido argumentos pedagógicos, organizativos, económicos y jurídicos para rechazar las pruebas finales de Primaria planteadas por el Gobierno central que, según De la Calle «no se trata de ninguna evaluación sino de unos exámenes finales que dan al traste con la evaluación continúa global y orientadora que debe darse en esta etapa educativa».

Sobre los argumentos pedagógicos, la consejera ha señalado que la norma estatal solo establece la evaluación de tres competencias claves: Comunicación Lingüística Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología, dejando fuera otros bloques competenciales como la digital, las sociales y cívicas y aprender a prender, entre otras. Esto supone que no se puede hacer una valoración completa de los objetivos generales alcanzados por el alumno. Además, la prueba introduce procesos que están únicamente vinculados con la mera repetición de datos y que, en ningún caso, supone la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

La titular de Educación también ha expuesto argumentos organizativos y logísticos para no realizar la evaluación, que establece que deberá ser profesorado funcionario ajeno al propio centro el que corrija estas pruebas finales. En este sentido, De la Calle ha recordado que en Andalucía hay 93.500 alumnos de 6º de Primaria, por lo que la organización de estas pruebas implicaría una logística compleja y obligaría a ordenar situaciones funcionariales específicas para estos exámenes que serían de difícil articulación. Además, afectaría al calendario escolar y a las tareas propias de los centros educativos.

En cuanto a los argumentos económicos, De la Calle ha destacado que la realización de las pruebas tal y como se plantean tendría un «elevadísimo e innecesario coste» y, por último, la consejera ha recordado que la Junta interpuso un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula las características de la evaluación final de Primaria, porque esta normativa lo que hacía era crear incertidumbre, inquietud y tensión externa al alumnado, a sus familias y al profesorado.

La consejera también ha hecho referencia a que la postura de Andalucía de buscar una alternativa a las pruebas del Ministerio que no perjudique al alumnado ha sido compartida por otras comunidades autónomas, así como por las confederaciones de Madres y Padres.

Así, de las 17 comunidades, solo tres (Murcia, La Rioja y Madrid) que representan apenas el 20% del total del alumnado del territorio español, han realizado la evaluación final de Primaria más o menos con arreglo al modelo establecido en la norma. Otras dos, Galicia y Castilla y León, han rechazado que las aplicase profesorado externo a los centros.

Todas las demás han optado por modelos de evaluación final individualizada y realizada por los propios centros. De la Calle ha insistido en que Andalucía defiende un modelo orientador, participativo, de diagnóstico para la mejora y de confianza en el profesorado.

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