La Junta de Andalucía ha abonado 990 millones para el pago de servicios y prestaciones de dependencia

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La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha abonado en lo que va de año 990 millones de euros para la financiación de servicios y prestaciones en materia de dependencia, de los que más de 150 corresponden a un nuevo pago realizado durante la última semana de octubre. Con estos abonos, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con el Sistema de dependencia, según ha explicado en comisión parlamentaria la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

La consejera ha resaltado que más de 180.000 personas y más de un millar de entidades sociales se han beneficiado de estos pagos destinados a personas usuarias, entidades del tercer sector y corporaciones locales. Sánchez Rubio ha hecho hincapié en estas liquidaciones de facturas, abonadas en menos de 60 días, “a pesar de los recortes llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012”.

Además, a este importe hay que sumarle cerca de 10 millones de euros que Andalucía ha dejado de percibir -lo que supone un millón de euros al mes- por el pago de la teleasistencia avanzada para los más de 20.000 dependientes moderados, que tienen reconocido este servicio en la Cartera del Sistema de Atención a la Dependencia para las personas con dependencia moderada.

Por el contrario, ha indicado Sánchez Rubio, frente a esos “impagos” del Estado “la Junta de Andalucía ha realizado de forma puntual y rigurosa los abonos mensuales”, liquidando de igual modo las cantidades de las anualidades 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 correspondientes a los atrasos reconocidos en los supuestos en que se ha superado el plazo de tramitación.

Igualmente, ha explicado que se está cumpliendo el calendario de pagos -con un plazo medio de 60 días- con las empresas del Tercer Sector y las entidades sociales que tienen concertada la prestación de servicios públicos con la Junta de Andalucía, cumpliéndose de este modo el compromiso adquirido por la presidenta de la Junta de Andalucía en julio del 2014.

En su intervención en la comisión, la titular de Igualdad y Políticas Sociales ha recordado una vez más que “Andalucía es la única comunidad que financia completamente el Servicio de Ayuda a Domicilio del sistema de atención a la dependencia”. Sobre la financiación se ha referido igualmente a la denuncia realizada por el Observatorio Estatal de la Dependencia, en la que indicaba que el Gobierno central sólo aporta el 18% de la financiación del Sistema de Atención de la Dependencia -frente al 50% que fija la ley-, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo el 82% del gasto público certificado en el último año.

Igualmente ha recordado que Andalucía es la comunidad que atiende a más personas en situación de dependencia, un total de 180.574 personas que representan el 21% del total nacional, por encima de su peso poblacional que es del 18%. Además hay reconocidas 234.307 prestaciones, que suponen un 22% del total nacional (a 30 de septiembre de 2016).

Abono de las prestaciones

Sobre los tiempos medios de espera en la tramitación de la dependencia, la consejera ha aclarado que en Andalucía, a diferencia de otras Comunidades autónomas, el reconocimiento de la ayuda o servicio de dependencia va aparejado a la prestación prescrita en el Programa Individual de Atención (PIA). Según ha señalado, esto permite que casi sea simultanea la resolución de reconocimiento de la prestación y el acceso a la misma, sin perjuicio de los plazos de incorporación que tienen las personas para acceder al servicio en el caso de las prestaciones asistenciales. No obstante, ha indicado que el recorrido de un expediente puede pasar por distintas circunstancias, apareciendo como no resueltos expedientes que están recibiendo una prestación por dependencia pero que están pendientes de algún otro trámite como revisiones de grado de dependencia, revisiones de Programa individualizado de atención (PIA) o traslados, entre otros.

De este modo, si las prestaciones son económicas, las personas beneficiarias las reciben dentro de los dos meses siguientes a la fecha de resolución de reconocimiento de la misma, incluyéndose los atrasos producidos desde la citada resolución hasta la fecha de entrada del abono.

 

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