La Junta solicita convocar la Comisión de las Comunidades del Senado para suspender las reválidas de ESO y Bachillerato

30_01_13_aula_universitaria

El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con el fin de valorar la situación generada por las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, cuya regulación fue aprobada el pasado 29 de julio en desarrollo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Estas pruebas, conocidas como revalidas, son obligatorias para obtener el título de las correspondientes etapas educativas y también para acceder a la Universidad.

La petición de convocatoria se fundamenta en la falta de consenso con la que ha entrado en vigor esta normativa básica, así como en la necesidad de alcanzar cuanto antes un gran pacto sobre la educación a nivel nacional. Asimismo, la Junta considera que este modelo de evaluación impuesto a través de la Lomce no aporta formación ni motivación al alumnado, sino que sólo logra dificultarle la obtención de la titulación y segregarlo en función de los resultados obtenidos.

El Gobierno andaluz subraya que la nueva normativa de las reválidas, lejos de regular evaluaciones competenciales, consolida pruebas meramente conceptuales destinadas a comprobar lo memorizado por el alumnado. Se crean así situaciones de incertidumbre e inquietud a los estudiantes y sus familias, al obligar a demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la etapa en un único momento aislado. Ello puede condicionar el futuro académico de los alumnos de manera decisiva, llegando incluso a limitar definitivamente el progreso educativo.

En este sentido, el Consejo considera especialmente censurable que la no superación de las revalidas de ESO y Bachillerato conlleve la no obtención de los títulos de estas enseñanzas. De acuerdo con la nueva normativa, el alumnado de Secundaria que no apruebe esta evaluación sólo podría matricularse en ciclos de Formación Profesional Básica, mientras que los de Bachillerato no podrían ni acceder a la Universidad ni matricularse en enseñanzas artísticas superiores, quedando con la única posibilidad un ciclo de FP de Grado Superior. Hasta ahora, en estas etapas se titulaba en función del logro de objetivos y la adquisición acreditada de las competencias, frente a la evaluación ajena al proceso de aprendizaje que impone la Lomce.

Por otra parte, el Consejo subraya que estas evaluaciones no aportan ningún beneficio pedagógico al alumnado ni a los centros, introduciendo por el contrario dificultades sobrevenidas y condicionando de forma negativa la organización educativa de las comunidades autónomas, ya que resulta resulta inviable la realización de una misma prueba en la misma fecha en el conjunto de España.

El Gobierno andaluz defiende finalmente el modelo de evaluación desarrollado en la comunidad, integrado en la práctica docente y con factores de equidad que aportan equilibrio a la educación y favorecen el éxito escolar del alumnado en función de sus capacidades, intereses y expectativas.

A juicio del Ejecutivo andaluz, todas estas cuestiones deben ser debatidas con urgencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, órgano del Senado que, entre otras funciones, facilita la participación de los gobiernos regionales en los asuntos que se tramitan en la Cámara Alta y que afectan al ámbito de sus competencias.

 

Menú