Izquierda Unida y PSOE se oponen a que la “tarjeta monedero” sea gestionada por entidades privadas

Los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida-Andalucía propondrán el próximo miércoles 13 de Mayo, a la consideración del pleno del Ayuntamiento de Montilla, una moción conjunta en defensa de los servicios sociales comunitarios, donde se solicita la reversión del programa denominado oficialmente como “Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el Covid-19”, para que sea gestionando por los Servicios Sociales Comunitarios Municipales.

Se suman así a la petición realizada desde el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, que integra a los colegios profesionales de Trabajadores Sociales de las distintas provincias de Andalucía, alertando de los riesgos que se desprenderían de la pretensión manifestada por la Junta de Andalucía de detraer a las entidades locales financiación destinada a la atención social de familias castigadas por la actual crisis económica. Dichos fondos públicos se derivarían a determinadas organizaciones no gubernamentales (ONG), ajenas a la propia Administración Pública, en forma de subvenciones excepcionales para que los gestionen mediante la entrega de una “Tarjeta Monedero”.

El portavoz de grupo socialista, Manuel Carmona, insiste en que “son los Servicios Sociales Comunitarios los que tienen que garantizar la atención en situaciones de emergencia o urgencia social, pues la prescripción de recursos públicos está reservada legalmente a empleados públicos con formación y titulación adecuada”.

Esta pretensión de “privatizar” las ayudas sociales supondrá una duplicidad de servicios, obligando a las personas beneficiarias a realizar un peregrinaje por distintas instituciones, suponiendo una reducción del montante total de los recursos económicos que deberían ir destinados en su integridad a los beneficiarios, ya que, como la propia Junta de Andalucía ha reconocido, un porcentaje de este dinero público, estimado entre un 7% y un 10% de los diecisiete millones de euros anunciados, tendría que ir a financiar los gastos de gestión llevados a cabo por la propia organización no gubernamental.

En este sentido el portavoz de IU Francis Lucena manifiesta que “nos oponemos a que las tarjetas monedero se gestionen desde el ámbito privado y pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que esta partida sea gestionada desde los Servicios Sociales comunitarios y sirvan para reforzar el trabajo que les tiene encomendado la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y que si la gestión fuese llevada a cabo por los Servicios Sociales del Ayuntamiento el importe íntegro de la prestación económica llegaría a las personas beneficiarias, cumpliéndose así la obligación de optimizar los recursos públicos.”

 

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