La Junta alega ante el TC que la Ley de vivienda evita desahucios y combate la especulación

La Junta de Andalucía ha alegado ante el Tribunal
Constitucional que resulta evidente y demostrable que la Ley de Medidas para
Asegurar la Función Social de la Vivienda no ha puesto en peligro en modo
alguno durante su vigencia la economía ni la estabilidad del sistema
financiero, ni tampoco ha hecho desplomarse el precio de la vivienda ni
dispararse la prima de riesgo, como sostenía el Gobierno central en su recurso.

 

Al contrario, argumenta en su escrito el Gobierno
andaluz, la norma “puede tener efectos positivos en el equilibrio del sector
financiero y en la economía”, ya que sus medidas están diseñadas para que “el
efecto de desinflar la burbuja inmobiliaria sea menos perturbador generando nuevas
oportunidades de negocio a los propietarios”, en referencia a la promoción del
alquiler, así como encaminadas a “desincentivar el uso especulativo de los
activos inmobiliarios”, agravante fundamental de la crisis en España. En el
plano de su incidencia favorable en la garantía de derechos, la norma sí ha
ofrecido protección a todas las personas con problemas para pagar su hipoteca y
en riesgo de desahucio.

 

Las alegaciones de la Junta detallan que durante la
vigencia de los preceptos impugnados la prima de riesgo ha bajado; que el
precio de la vivienda desciende en Andalucía a menor ritmo que en el resto de
España, según datos de enero de 2014; que el volumen de compraventa de vivienda
en la comunidad es mayor que la media estatal, según los últimos datos del INE;
y que la reestructuración del sistema financiero ha seguido inalterable.

 

Así lo ha explicado hoy Elena Cortés, consejera de
Fomento y Vivienda, que ha señalado que el Gobierno andaluz ha solicitado por
todo ello el levantamiento de la suspensión cautelar de la norma antes de
agotarse en mayo los cinco meses de plazo que tiene el Constitucional para
decidir sobre si la mantiene suspendida o no hasta que haya sentencia.

 

Las alegaciones se apoyan en el artículo 33
(función social de la propiedad) y 47 (derecho a la vivienda e impedimento de
la especulación) de la Constitución y en el artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, subrayando también que la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña de 2007 contiene
preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, sin que se haya
producido durante su aplicación vulneración alguna de derechos.

 

Función social de la propiedad

 

La Junta también incide en “la multitud
de resoluciones judiciales que han venido poniendo freno en España a las
ejecuciones hipotecarias”, así como en la sentencia de 2013 del Tribunal de
Luxemburgo, que declaró contraria al derecho europeo la normativa española
sobre desahucios.

 

En cuanto al único argumento no
económico del recurso del Gobierno, la supuesta invasión de competencias de la
Ley al afectar al contenido esencial del derecho de propiedad, hay dos
sentencias que avalan la constitucionalidad de la norma: la 37/1987 de 26 de
marzo, sobre la reforma agraria, que establece que la función social forma
parte del contenido esencial del derecho de propiedad y que se puede establecer
límites al mismo mediante leyes autonómicas; y la 61/1997, de 20 de marzo,
sobre la Ley del Suelo, según la cual el Gobierno no puede fijar una
legislación uniforme de la propiedad privada y su función social.

 

Naciones Unidas, ‘Save The Children’ y la PAH

 

Las alegaciones de la Junta anexan informes de
Naciones Unidas y ‘Save The Children’ y un diagnóstico conjunto del
Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Cuturales y la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH), además de sendos estudios realizados por los
economistas Juan Torres y Ángel Vilariño. “Frente al aluvión de ideología
neoliberal del recurso del Gobierno, frente a los informes del Banco de España
y la Sareb, la Junta de Andalucía esgrime la Declaración Universal de Derechos
Humanos”, ha señalado Cortés, que ha participado en la Universidad de Huelva en
la inauguración de las Jornadas ‘El derecho a una vivienda digna’.

 

“La Ley no ha causado ningún daño a la economía,
como muestran todos los indicadores. En cambio, sí ha ofrecido protección a
todas las personas en problemas de su hipoteca, ya que las entidades
financieras que iban a desahuciar sabían que si lo hacían se exponían a la
expropiación temporal del uso de la vivienda o a sanciones por mantener después
el inmueble vacío”, ha afirmado Cortés, que ha recordado que durante los tres
meses en que estuvo en vigor la norma permitió la expropiación de 39 viviendas
para evitar el desahucio de otras tantas familias en riesgo de exclusión.

 

“Los datos y los hechos fehacientes demuestran que
las argumentaciones del Gobierno para recurrir la Ley son falsas hasta el
ridículo y únicamente se basan en prejuicios políticos y en la voluntad de
imponer a Andalucía un camino contrario a la voluntad de la mayoría de sus
ciudadanos”, ha señalado la consejera, que ha añadido: “La Ley no pone en
peligro la economía; el recurso del Gobierno, en cambio, sí pone en riesgo de
desahucio a las familias desempleadas, a avalistas, a autónomos, a precarios…”. 

 

Meras predicciones e hipótesis

 

El recurso del Gobierno sostiene literalmente que
la Ley andaluza provoca incrementos de la prima de riesgo y “compromete
gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español”.
El Gobierno alega en el recurso que, “si cediera el derecho a favor de su
función social”, en alusión a la norma andaluza, “desaparecería la propiedad
privada”. El recurso también señala que la Ley “tiene la virtualidad de poner
en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la
consecución de la estabilidad de las entidades de crédito para conseguir una
reducción de la prima de riesgo de nuestro país”.

 

El escrito de alegaciones de la Junta señala que el recurso
“no se basa en verdaderas cuestiones de inconstitucionalidad”, sino en argumentos
económicos que carecen de apoyo empírico, en informes económicos (del Banco de España, de la Sareb…) y en el Memorando de
Entendimiento (Mou) que fija las condiciones del rescate financiero a España. A
partir de todo ello, señala el escrito de la Junta, el Gobierno compone
un panorama ‘ad futurum’ totalmente “catastrofista” y “huérfano de apoyatura
científico técnica”. Ante ello, las alegaciones de la Junta señalan: “No puede
perderse de vista que la suspensión [de la Ley] a quienes perjudica con mayor
énfasis es a aquellos que se encuentran en la posición más débil. […] Su
situación de emergencia social no es teórica ni se queda en plano de la
hipótesis, sino que es real y acreditada”.

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