Propietarios de viviendas en alquiler y empresas suministradoras deben tramitar desde hoy sus fianzas en AVRA

Los propietarios de
viviendas en alquiler y las empresas suministradoras de luz, agua y gas deben
tramitar desde hoy las fianzas procedentes de los arrendamientos –ya sea de
inmuebles, locales o servicios—en la sede provincial de la Agencia Pública de
Vivienda y Rehabilitación (AVRA), sita en Ronda de Tejares, 32. Este cambio en
la gestión, control y registro de estos depósitos se produce como consecuencia
del traspaso de competencias aprobado en el Consejo de Gobierno el pasado 27 de
mayo, donde se acordó que fuese la Consejería de Fomento y Vivienda la
encargada de estas funciones, en cumplimiento de la Ley 4/2013, de la Función
Social de la Vivienda.

 

Este
acuerdo permite destinar al menos el 70% de las liquidaciones de las fianzas a
políticas sociales de vivienda, especialmente a programas de rehabilitación del
parque público de la Junta, que cuenta en Andalucía con unas 80.000 inmuebles,
que ronda los 9.000 en la provincia de Córdoba, y a programas dirigidos a los
colectivos sociales con menos recursos.

 

La
delegada territorial de Fomento y Vivienda, Marisantos Córdoba, ha informado
hoy de los cambios que supone esta nueva gestión de las fianzas, tanto para los
propietarios y empresas suministradoras, “que desde este momento se
beneficiarán de una mejor atención, gestión, control y transparencia de sus
depósitos, mientras que, por otra parte, impulsaremos las políticas de vivienda
dirigidas a los más vulnerables”.

 

Los
cambios en la gestión también conllevan mejoras en la tramitación y prestación
del servicio, como la posibilidad de realizar el ingreso y devolución de las
fianzas por vía presencial o telemática, tanto en el caso del régimen general
–al que se adscribe la mayoría de los arrendadores de inmuebles– como en el del
concertado previsto para las empresas suministradoras de agua, luz y gas y los
arrendadores que generan fianzas de gran cuantía.

 

A
ello se une un nuevo servicio de atención a la ciudadanía a través del teléfono
gratuito 900920220, así como la prestación de información mediante certificados
y documentos acreditativos en la oficina de AVRA. La Consejería de Fomento y
Vivienda ha creado un sistema de cita previa y una página web (www.fianzas.avrandalucia.es)
donde se pueden consultar las novedades y la información detallada de horarios
y direcciones de las oficinas. Además, AVRA presta apoyo para cumplimentar el
modelo de autoliquidación y solicitar la devolución o la reducción del tiempo
de espera en las tramitaciones presenciales.

 

La
fianza es un importe económico que el ciudadano entrega como arrendatario de un
inmueble o como usuario de un suministro de agua, gas y electricidad al arrendador
o a la empresa suministradora como garantía del contrato suscrito. La Ley
autonómica 8/1997, que regula las fianzas de arrendamientos y suministros,
establece la obligación del arrendador de depositar esa cuantía, equivalente a
una mensualidad de renta en el alquiler de una vivienda y de dos en el caso del
arrendamiento para un uso distinto a la vivienda, en una cuenta pública que la
Administración competente custodiará. Ese depósito debe realizarse en el plazo
de un mes desde la formalización del contrato y la Administración tiene la
obligación de devolverlo en el mismo plazo si el arrendador solicita su reintegro.

         

AVRA
informará pormenorizadamente de los beneficios fiscales que conlleva este procedimiento.
Entre otros, el arrendador puede deducirse los gastos por la formalización del
alquiler, la conservación y reparación, administración, vigilancia, portería y
los seguros de vivienda. El inquilino, por su parte, desgrava en la declaración
de la renta parte de las cantidades satisfechas. Desde 2008, un menor de 35
años puede llegar a deducirse  por este
concepto en Andalucía hasta un 15%, con un máximo de 500 euros.

 

El
incumplimiento de la obligación de abonar la fianza por parte del arrendador se
considera una infracción grave castigada con una multa que oscila entre el 50%
y el 150% del importe del depósito no realizado. De acuerdo con el decreto de
traspasos de competencias aprobado la semana pasada, la inspección de los
depósitos está a cargo del Cuerpo Superior de Inspección de Vivienda y del
personal funcionario habilitado expresamente para ello.

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