Un total de 12 municipios cordobeses se adhieren al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda

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Firma del convenio del «Programa Andaluz en defensa de la vivienda»

Estos municipios son Aguilar de la Frontera, Dos Torres,
Iznájar, Luque, Moriles, Santaella, Valsequillo, El Viso, Villanueva del Duque,
Villanueva de Córdoba, Zuheros y Cabra, además de la Mancomunidad de Municipios
Cordobeses del Alto Guadalquivir.

 

La
consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés y la
delegada territorial de su consejería, Mª de los Santos Córdoba, visitaron el
pasado viernes  el Ayuntamiento de Cabra
para la firma del convenio de adhesión del ‘Programa Andaluz en Defensa de la
Vivienda’. Con esta firma son 45 los municipios adheridos al convenio en la
provincia y 252 en toda Andalucía.

 

La consejera ha agradecido a los alcaldes firmantes su
«compromiso y rebeldí» y ha afirmado que con esta nueva firma
«el bloque institucional contra los desahucios, que complementa al bloque
social, es cada vez más fuerte».
Con este convenio,
según la Consejera, se pretende «defender el derecho humano a la
vivienda» ofreciendo asesoramiento y ayuda a las familias que están en
riesgo de ser desahuciadas de sus viviendas, haciéndoles un llamamiento público
para que acudan a las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la
Vivienda,» porque no son culpables de esta estafa financiera».

 

En
el año que lleva en funcionamiento el programa ha contribuido a evitar más
de 3.261 desahucios en Andalucía, más de 270 de ellos en Córdoba. Cortés, hizo
saber que «el Gobierno Andaluz, formado por PSOE y IU, es un gobierno de
resistencia» y el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional
por el presidente del Gobierno, contra diversos preceptos de la Ley de Medidas
para Asegurar la Función Social de la Vivienda supone que momentáneamente la
Consejería no puede realizar expropiaciones de viviendas para evitar
desahucios de familias en riesgo de exclusión social ni tampoco sancionar
viviendas vacías en manos de entidades financieras.

 

Recordando
que este recurso favorece la especulación y los propósitos fundamentales de la
Ley son evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión social y
promover la salida en alquiler de las más de 700.000 viviendas existentes en la
comunidad.

 

 

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