La Junta planteará un recurso contra las reválidas en la ESO y Bachillerato y apuesta por mantener la Selectividad

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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha avanzado que el Gobierno andaluz planteará un recurso ante el Tribunal Supremo contra los decretos que regula las reválidas en la ESO y el Bachillerato y ha reclamado su “retirada urgente”.

Susana Díaz ha dicho en el Parlamento andaluz que va a seguir apostando por mantener las Pruebas de Acceso a la Universidad, por ser la que “garantiza mejor” la igualdad, el mérito y la capacidad.

Díaz, que ha insistido en reclamar un Pacto por la educación a nivel nacional, ha criticado la “segregación” del modelo que plantea el Ejecutivo central, ya que los estudiantes que no superen la reválida de ESO solo podrán matricularse en la FP Básica, mientras que los que no aprueben la de Bachillerato solo podrán continuar sus estudios en un Grado Superior de FP.

Además, la presidenta de la Junta le ha recordado al Ministerio de Educación que no puede implantar este curso las reválidas porque hay tres vacantes en el Consejo Escolar que no pueden ser cubiertas con el Ejecutivo en funciones.

La presidenta ha recordado que la Junta ya presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real decreto regulador de evaluación final de la educación primaria y ha señalado que el curso pasado Andalucía ya realizó una “evaluación individualizada” con una “gran acogida” de la comunidad educativa.

Díaz ha reiterado su “apuesta por un modelo educativo que permite la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, tengan la cuna que tengan y vengan de la situación que vengan”.

En esta línea, ha considerado que ese modelo “inclusivo, equitativo e integrador” es “incompatible con el que se produce en la LOMCE”, que además cuenta con el rechazo de la comunidad educativa y de la “inmensa mayoría” de los gobiernos autonómicos.

A su juicio, la Ley de Educación del Gobierno central “se ha hecho sin ningún tipo de consenso, queriendo ampliar las diferencias entre los distintos sistemas autonómicos, estableciendo medidas más centradas en la segregación y sobre todo favorecer la educación privada”, además de ser una norma “mercantilista” y “muy costosa para el futuro de los jóvenes”.

 

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