Susana Díaz avanza que el Presupuesto andaluz para 2017 crecerá en Salud, en Educación y en Igualdad

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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha avanzado que los Presupuestos autonómicos para 2017, cuya aprobación ya está garantizada gracias al principio de acuerdo alcanzado entre los grupos de PSOE y Ciudadanos, recogerán incrementos en las partidas destinadas a Salud (5,5%), Educación (3,8%) e Igualdad (3,2%); así como en las consejerías de Fomento (en torno a un 10%) y de Cultura (17%).

En su discurso ante el Parlamento andaluz durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, la presidenta de la Junta ha considerado que el acuerdo en materia de Presupuestos lanza un mensaje de estabilidad y de avance, al tiempo que supone el cumplimiento de su obligación por parte del Ejecutivo andaluz.

Susana Díaz ha enfatizado que el objetivo del Gobierno andaluz con sus Presupuestos es, una vez más, poner en primer plano las necesidades de los andaluces, como son el empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos y la capacidad de impulsar aquellos sectores donde Andalucía es más competitiva.

En esa línea, ha remarcado que los Presupuestos de la Junta tienen que servir para que Andalucía sea, en el conjunto de España y de Europa, una comunidad que pueda aportar prosperidad económica y oportunidades para los ciudadanos.
Díaz ha animado al Parlamento andaluz a realizar un pronunciamiento expreso para instar al Gobierno central a no obstaculizar con ningún recurso la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Administración andaluza, recientemente aprobada por el Consejo de Gobierno y que se hará efectiva en enero de 2017.

Además, la presidenta de la Junta ha urgido la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para alcanzar un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación autonómica que permita garantizar recursos a medio plazo a todas las administraciones que tienen que proveer servicios públicos fundamentales.

Díaz ha abogado por alcanzar una posición conjunta del Parlamento para la «urgente» reforma del sistema, que ha dejado a Andalucía con un déficit de financiación de 4.672 millones entre 2009 y 2014, aumentando la «desigualdad» entre unos territorios y otros y abriendo la «brecha» entre los que más reciben y los que menos.

Alzar la voz para conseguir un trato justo

«Andalucía va a seguir alzando la voz para conseguir un trato justo», ha dicho Susana Díaz, que ha recordado que esa justicia redunda en los «millones de usuarios de la sanidad pública», en los «padres que legítimamente reclaman para sus hijos una educación pública de calidad», en la «dignidad de los dependientes y sus cuidadores» o en las «enormes potencialidades» de la comunidad en términos de riqueza y de empleo.

La presidenta, que ha destacado que «Andalucía ha cumplido con los objetivos de déficit cuando el Gobierno de España no estaba cumpliendo con Andalucía», ha recordado que, para lograr la reforma de la financiación autonómica, al igual que la de otras «leyes injustas» como la LOMCE, «es necesario que haya un Gobierno que no pueda escudarse en que se encuentra en funciones para no atender nuestras reivindicaciones».

En este sentido, Díaz, que ha reivindicado el «protagonismo» de Andalucía en el debate nacional, como «parte esencial» que es de España, ha hecho hincapié en que a estas alturas, cuando está a punto de cumplirse un año desde la primera disolución de las Cortes, «no tener un Gobierno no es serio».

A su juicio, es necesario «que se resuelva rápidamente la cuestión de la gobernabilidad» porque «está en juego el bienestar de los españoles, la confianza en sus instituciones, nuestro prestigio como nación ante Europa y en el mundo y también la propia unidad del Estado, objeto de inéditas amenazas que no podemos pasar por alto».

Susana Díaz ha reclamado una «rectificación» en una «forma de gobernar absolutamente inaceptable» que ha convertido a España en el «tercer país más desigual de Europa» y que ha creado una «desconfianza» en instituciones internacionales traducida, por ejemplo, en la «posibilidad cierta» de la suspensión de fondos estructurales para 2017, lo que sería un «mazazo para la capacidad inversora del país y, desde luego, para Andalucía».

La presidenta, que ha recordado el incumplimiento del déficit y el récord de deuda pública alcanzados por el Gobierno central, ha considerado que «esta vez, los sacrificios no le pueden volver a pedir ni a las clases medias y trabajadoras en este país, ni tampoco a las comunidades autónomas, que somos las que tenemos que mantener la igualdad de oportunidades en el conjunto de España».

Otras prioridades que deben abordarse en el debate nacional serán la respuesta al «camino secesionista», desde la Constitución y desde las leyes, pero también desde la política, con argumentos y reformas, así como la exigencia de una «auténtica regeneración democrática», en un momento en el que «los ciudadanos exigen saber». En ese sentido, ha puesto como ejemplo los tres millones de visitas al Portal de la Transparencia.

Susana Díaz ha reafirmado además su compromiso con la persecución de la corrupción, que es muy diferente de «acusar a sabiendas de hacer un daño injusto y muchas veces irreparable a personas inocentes» y ha reivindicado, en este sentido, que «Andalucía no se merece que su nombre se manche gratuitamente nunca más».

En su discurso, además, Díaz ha rechazado los «bloqueos» políticos y ha valorado que más de la mitad de las 70 medidas incluidas en el Acuerdo de Investidura «o se han cumplido íntegramente o se encuentran en ejecución».

Pacto de estado contra la violencia machista

Por otra parte, la presidenta ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado contra la violencia machista, tras el «horror del último crimen» cometido en Olivares (Sevilla) y donde se produjo, además, una «cadena de errores» que «debe hacernos a todos recapacitar».

A su juicio, además, mientras se produce ese pacto «tenemos que actuar todos ya, de manera inmediata, porque nuestras mujeres merecen la seguridad» y aquellas que dan el paso de denunciar «tienen que sentir que todas las administraciones, todos los gobiernos y que la sociedad en su conjunto las protegen en el derecho a la vida».

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