La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas rechazan un posible impuesto sobre el vino


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Foto: cedida

La
Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) se
manifiesta contraria a la creación de un posible impuesto sobre el vino,
recogida en el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema
Tributario Español que le fue entregado el pasado jueves al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.


Dicho
informe, elaborado por un grupo de expertos presidido por el Catedrático de
Hacienda Manuel Lagares y que se compone de nueve miembros, ocho economistas y
un abogado, recoge una serie de recomendaciones para la reforma fiscal que está
estudiando el gobierno. Entre las medidas que proponen está la de “considerar
la posibilidad de establecer un impuesto a tipo muy reducido sobre el vino,
como recientemente se ha hecho en Francia”. 
El informe incluye el vino en su apartado de propuestas sobre imposición
de alcoholes. En este marco, desde el comité de expertos estiman, además de la
creación del impuesto, “la necesidad de proceder a un incremento progresivo de
los impuestos sobre el alcohol, hasta acercarse a la media comunitaria,
incrementos que deberían tener en cuenta también la posible evolución de la
demanda”. Asimismo, proponen “revisar periódicamente los tipos específicos,
para conseguir que se mantenga el peso de la imposición sobre el precio final”.
Los argumentos que el informe emplea para justificar estas medidas son
esencialmente dos:
la necesidad de corregir los efectos externos negativos
derivados del consumo y equiparar la realidad impositiva de este producto a
países de nuestro entorno, hasta alcanzar la media europea de imposición sobre
el alcohol.

CECRV
considera que estas propuestas obvian la realidad actual del sector, cuyo maltrecho
nivel de consumo está entre los más bajos de los países de nuestro entorno, por
lo que un impuesto que gravase el vino, por pequeño que fuera, sólo serviría
para reducir aún más los bajos niveles de consumo de vino en nuestro país, lo
que tendría consecuencias dramáticas para el sector.


Todo
ello, sin obviar los esfuerzos del sector en la lucha contra los excesos y a
favor de las pautas adecuadas de consumo, entendiendo que la educación en el
consumo es la vía más efectiva en este ámbito.


Asimismo
y partiendo de esa base, la Conferencia estima esencial tener en cuenta la
realidad sociocultural y económica que el producto tiene en cada país. Además, considera
que no se puede considerar el impuesto francés sobre el vino un referente para
gravar el producto en España. En primer lugar, porque dicho impuesto, que no es
de reciente creación, no tiene fines recaudatorios, sino de control. Y en
segundo lugar, porque precisamente el año pasado la movilización del sector
francés permitió frenar una iniciativa del gobierno para imponer un impuesto al
producto, precisamente por el grave perjuicio económico que tendría para un
sector que está considerado patrimonio cultural y económico del país.


En
tercer lugar, CECRV entiende que el informe no respeta
la categorización
diferencial del vino dentro de las bebidas alcohólicas, en tanto que el vino
está considerado como alimento por la legislación española. De igual modo, se
considera también parte integrante de la dieta mediterránea consumido con
moderación y durante las comidas. Además, se trata de un producto que
contribuye de forma significativa a una actividad tan importante para la
economía de nuestro país como el turismo, que configura y aporta una realidad
paisajística y medioambiental innegable, que fija población al medio rural y
que forma parte del patrimonio cultural de nuestro país.


Teniendo
en cuenta esto, un posible impuesto tendría efectos muy negativos sobre la
actividad económica que comporta el vino en numerosas regiones, así como en las
exportaciones del producto, que han contribuido significativamente al superávit
que presenta la balanza comercial del sector agroalimentario en los últimos
años, uno de los principales activos compensadores de nuestro elevado déficit
comercial. Una merma en  las
exportaciones beneficiaría a los países que compiten directamente con España
dentro del sector, lo que redundaría en la caída de la actividad.


Asimismo,
y en consecuencia, tendría también efectos negativos en términos de patrimonio
cultural y natural, por el descenso de la actividad que podría comportar.


Por
todas estas razones, la Conferencia Española de Consejos Reguladores
Vitivinícolas se posiciona totalmente en contra de la creación de un impuesto
que perjudicaría gravemente la actividad y el desarrollo de un producto que
forma parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio y que es fuente de
calidad y prestigio para nuestro país. 

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