La Junta abre expediente sancionador a 8 entidades financieras por incumplir la función social de sus viviendas protegidas

La Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto ocho procedimientos
sancionadores a sendas entidades financieras por incumplimiento de las
obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la
comunidad autónoma. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos
ascienden a 11,1 millones de euros.

El motivo de apertura
de los expedientes es no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros
municipales de demandantes, obligación establecida por el artículo 20m de la
Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de
Función Social de la Vivienda. “Los inmuebles protegidos, construidos con
dinero público, deben prestar una función social”, ha afirmado la consejera de
Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento.

Las entidades
financieras expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas
supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), BBVA (27),
Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander
(11), Servihabitat (6), Banco Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (2).

En total, se trata de
185 viviendas protegidas que no han sido ofrecidas a los registros municipales,
que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de
protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a
las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

Viviendas por
provincias

Por provincias, hay 43
viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada,
17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva.

Cada inmueble
protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una
infracción muy grave. La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales
ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los
expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda.

Cortés, que ha dado
cuenta de estos expedientes en la Comisión de Fomento y Vivienda, ha
puntualizado que estas 185 VPO “no son las únicas” sin asignar a los registros
municipales, sino aquellas que la Consejería ha acreditado a partir de la
propia información remitida por las propias entidades financieras tras la
aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda. “Todos los inmuebles
protegidos deben estar a disposición de los registros municipales de vivienda
para ser asignados a familias que las necesitan”, ha señalado la consejera.

La Ley de Medidas para Asegurar la
Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su
totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a
entidades financieras por mantener casas vacías durante más de seis meses o la
de expropiar temporalmente su uso para evitar desahucios de familias en riesgo
de exclusión social. Los artículos que permiten vigilar y sancionar los
incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas
protegidas continúan plenamente vigentes.

Procedimientos contra
la Sareb

Por otra parte, la consejera ha
informado de los dos procedimientos abiertos contra la Sareb por incumplimiento
de la función social de sus viviendas protegidas en Andalucía. Las
posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de
109,44 millones de euros. La primera sanción a la que
se expone la Sareb, por infracción muy grave, responde al supuesto incumplimiento de la disposición adicional
séptima de la Ley de Vivienda Protegida (introducida en su actual redacción
por la Ley Antidesahucios), que establece la
obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública
inventario de las VPO que se encuentren en sus balances. Esta sanción puede
alcanzar los 120.000 euros.

La Sareb ha
presentado alegaciones en este expediente, ha señalado Cortés. La
Consejería de Fomento y Vivienda considera que las mismas no desvirtúan los
hechos que dieron lugar a la apertura de los expedientes, y por lo tanto estos
continúan su curso, ha señalado Cortés.

        

La segunda sanción a la que
se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la Ley de VPO. Esta sanción puede alcanzar los 109,32 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado, tras el requerimiento de
información enviado por la Consejería a la Sareb, que esas 911 viviendas no han
sido puestas a disposición de los registros. La Sareb no ha respondido a dicho
requerimiento, por lo que el procedimiento continúa su curso.

 

        

Cortés ha destacado que la presidenta de
la Sareb, Belén Romana, sí ha hecho manifestaciones públicas, concretamente en
sede parlamentaria, sobre este procedimiento, en el sentido de que la entidad ha solicitado información a los
registradores de la propiedad para saber cuántas viviendas protegidas tienen en
sus balances. La consejera ha señalado que ello en la práctica equivale a
“decir que desconoce cuántas viviendas protegidas tiene la Sareb, y ello a
pesar de que un informe de la propia Sareb incorporado al recurso del Gobierno
contra la Ley antidesahucios aseguraba que contaba con 911 casas protegidas
en Andalucía”. “O los datos en el informe eran falsos o son falsos los
argumentos que exponen ahora. O ambas cosas”, ha dicho Cortés, que ha recordado
que no ofrecer un inmueble protegido al registro de demandantes constituye una
infracción muy grave, como también lo es ocultar dichos pisos a la
administración competente por Ley de velar por su función social.

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