La Junta admite el 80% de las solicitudes para acogerse a la Ley de la Función Social de la Vivienda y evitar el desahucio

La
Consejería de Fomento y Vivienda ha admitido a trámite el 80% de las solicitudes
presentadas para acogerse a la Ley para asegurar la Función Social de la Vivienda
y evitar el desahucio, lo que se traduce en 152 peticiones que cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa andaluza para realizar la expropiación
temporal del uso de la vivienda. La Ley, en vigor desde el pasado mes de
octubre, demuestra así su elevada efectividad gracias a unos requisitos y
preceptos que ofrecen amparo real a las personas afectadas por un proceso de
desahucio.

 

           De este modo, de las 191 solicitudes
registradas en la Junta de Andalucía para acogerse a la Ley de la Función
Social de la Vivienda, un total de 152 
reúnen las condiciones necesarias para paralizar el desalojo, siendo 37
los casos en los que ya se ha iniciado la expropiación con su publicación en
BOJA y dos los culminados con éxito tras su paso por Consejo de Gobierno. En
conjunto son ya 39 las expropiaciones realizadas, que se distribuyen por
provincias de la siguiente manera: 15 en Málaga, 6 en Granada, 5 en Sevilla, 3
en Cádiz, 3 en Almería, 3 en Córdoba y 2 en Huelva.

 

De forma
paralela, las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento y Vivienda
ultiman otros 115 expedientes, en los que están terminando de acopiar la documentación
previo envío a BOJA, mientras que el resto de casos se siguen atendiendo a
través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

 

Así, a los
152 expedientes iniciados en la comunidad autónoma para paralizar el desahucio
hay que sumar los más de 3.200 desalojos que ha paralizado dicho Programa en su
primer año de funcionamiento, con un servicio público y gratuito prestado a
través de oficinas de prevención, intermediación y protección.

 

La Ley de la
Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas
embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a
fin de evitar el desahucio, establece como requisitos para aplicar esta medida
excepcional que el afectado tenga en el inmueble objeto del procedimiento
hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo
sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar una situación de
exclusión social, acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos, y
que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido un importante
menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las
condiciones y circunstancias en las que se concedió el préstamo.

 

El deterioro
de las condiciones económicas familiares toma como referencia que el esfuerzo
para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de
un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta
iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas
de Efectos Múltiples).

 

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