La Junta reduce en un año un 3,5% el gasto en alquiler de sedes judiciales en la provincia de Córdoba

La Consejería de Justicia e Interior ha ahorrado 44.792 euros en el
último año en los alquileres de las sedes judiciales de la provincia de
Córdoba, lo que supone una reducción del 3,5% del gasto destinado a estos
arrendamientos. En concreto, se ha pasado de un gasto de 999.078 euros en 2012
a 955.286 en 2013. 
Para conseguir
esta reducción de gastos, la Consejería de Justicia e Interior ha renegociado
la cuantía de los arrendamientos de 13 sedes judiciales en la provincia de
Córdoba, ubicadas en Lucena y la capital cordobesa. 

 

Este
ahorro ha sido posible gracias a los positivos resultados del proceso de negociación
que la Junta mantiene con los propietarios de los edificios judiciales en
régimen de alquiler, una negociación cuyo coste económico registra una
evolución a la baja en consonancia con la realidad presente del mercado
inmobiliario y con los precios vigentes actualmente, que reflejan un valor
inferior al de años anteriores.

 

El objetivo de propiciar ahorros
en estos contratos de alquiler ha sido uno de las prioridades del Gobierno
andaluz en los últimos años, una estrategia que se ha visto plasmada y reforzada
de manera especial tras la aprobación del Plan Económico-Financiero de
Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014

 

Este Plan nace del compromiso
asumido por el Gobierno de Andalucía de cumplir con los objetivos establecidos
por el Gobierno de España en materia de estabilidad presupuestaria y control
del déficit para todas las Administraciones Públicas.

 

La programación de las
infraestructuras judiciales ha estado presidida en los últimos años por una progresiva
disminución de los arrendamientos, siempre dentro de las exigencias de la
normativa de contratación pública.  En este sentido,  la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio,
ha destacado “el esfuerzo que viene realizando la Administración autonómica por
avanzar en la mejora y modernización de las infraestructuras judiciales y por
propiciar al mismo tiempo un ahorro económico en esta materia mediante la
mejora de los contratos de arrendamientos”.

 

Isabel Ambrosio ha puesto de relieve que “en la actual
coyuntura económica y presupuestaria es una prioridad en la gestión pública
impulsar la eficiencia y racionalización en el gasto e incentivar del mismo
modo el ahorro para rentabilizar al máximo los recursos y medios con los que
actualmente disponemos, todo ello con la finalidad de garantizar un buen funcionamiento
de la Administración de Justicia en la provincia”.

 

Además, ha subrayado que “en la actualidad se está impulsando,
dentro  siempre dentro de las exigencias
de la normativa de contratación pública, una negociación en condiciones
económicas más ventajosas para la Administración en el proceso de renovación de
los arrendamientos de las sedes judiciales cuyos plazos de alquiler van
concluyendo, contribuyendo de esta forma también a propiciar el citado ahorro
para las arcas autonómicas”.

 

La delegada ha puesto de relieve el empeño de la Junta
por mejorar las sedes judiciales y eliminar las deficiencias que se vayan
planteando con el objetivo de garantizar la prestación de este servicio público
en las condiciones adecuadas”

 

 

 

 

 

 

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